¿Peligra la economía?

Parece ser que, cada 666 segundos, al menos hasta el 2021, según la Oficina del Censo, (Census Bureau), llegaba a los Estados Unidos un nuevo inmigrante, y eso, con pandemia de por medio. Recordemos que, hasta junio del 2021, las fronteras terrestres del país permanecieron cerradas, permitiéndose, únicamente, los desplazamientos esenciales. Entre el 2020 y el 1 de julio de 2021, 247000 personas procedentes del extranjero se unieron al país. Bajón considerable si comparamos esta cifra con el millón que arribó entre el 2015 y el 2016. Las cifras registradas entre el 2019 y el 2020 también sufrieron pérdidas, con solo 477000 ingresos en el país.   

Foto de Rob Flynn. Courtesía de USDA ARS.

El 23 de mayo, el Título 42, una cláusula de la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944 que la administración anterior activó en marzo del 2020 por la cual se permite la expulsión inmediata de migrantes indocumentados basándose en criterios de protección por el coronavirus, quedará sin efecto esta fecha. De momento, se puede seguir expulsando a adultos solos y familias en la frontera con el sur. No lo tengo tan claro si también sucede lo mismo con la linde canadiense. 

En cuanto toque el 23 de mayo, el Título 42 pasa a ser Título 8, el procedimiento normal para la deportación. Chollo para coyotes, que, seguramente, tendrán más clientela haciéndole creer que ya no hay restricciones y que todo el campo es orégano. De momento, la Casa Blanca se prepara para una ola migratoria de unas 18000 personas diarias, cifra realmente apabullante. Aunque es probable que sea en estos meses cuando las entradas puedan ver un subidón. ¿Y eso? Porque, con el Título 42, la expulsión no queda reflejada, vamos, que no es un manchón en el expediente, mientras que con el 8, los cargos no se borran y pueden tener repercusiones. Hasta el momento, casi dos millones de expulsados con el Título 42. Más de un 70% de esas expulsiones, con la administración actual. Y entre tanto, tres estados, Misuri, Arizona y Luisiana, demandando al gobierno. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también se ha unido a la amenaza y ha dicho que, a los inmigrantes ilegales que le lleguen, los pondrá en un autobús, rumbo a Washington, D.C. 

Es lógico, la expulsión limpia es más rápida y económica que el Título 8, aunque luego se tire de ilegales para trabajar las tierras y las fábricas sureñas. Pero, y el autobús, ¿quién paga el autobús? Seguro que los patronos que contraten trabajadores indocumentados.