Con el pavo asomando el moco y la temporada de compras navideñas y vuelos domésticos encima, que, este año se prevé homérica, el sur ha vuelto a plantarse en el asunto covídico, que, a través de sus señorías, ha hablado. La Administración Biden no puede obligar a las empresas con más de cien empleados que los vacune. Tampoco puede obligarlas a que, sus empleados no vacunados, tengan que ir con mascarilla y someterse a tests semanales. De entrar en vigor, hasta 14000 dólares por barba le puede caer al empresario que no siga la normativa. La fecha tope para decidir el método a aplicar, si vacuna para todos o permitir no vacunados controlados y enmascarados, es el 4 de enero del año que nos espera, aunque, con la paralización, esta fecha solo en papel.
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Esta normativa también mete en el saco a las empresas que se dedican al negocio de la sanidad: hospitales y centros para mayores. A las que hayan alargado la mano y recibido fondos federales, la Administración Biden no les da opción a que se hagan las pruebas semanalmente. El personal debe estar vacunado. Pero algunos, amparándose en la Cuarta, en la Decimocuarta o en la Novena de Beethoven no están por cooperar. Esto termina en el Supremo.
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